Texas retiene actas a los hijos de mexicanos

Foto: Archivo El Universal.
Foto: Archivo El Universal.

En el punto más al sur de la frontera entre México y Estados Unidos, donde el Río Bravo desemboca en el Golfo de México, una nueva medida en contra de inmigrantes indocumentados está afectando a cientos, tal vez miles, de niños estadounidenses.

A principios de este año, autoridades del estado de Texas en los condados fronterizos de Starr, Hidalgo y Cameron, empezaron a negar la entrega de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos cuyos padres no cuenten con una identificación oficial “válida”. Esto se ha convertido en un problema a partir de los nuevos criterios aplicados por la dependencia, al considerar que la matrícula consular o el pasaporte expedidos por el gobierno mexicano, única identificación oficial de estos inmigrantes, no constituyen una identificación “segura”.

Aunque en teoría no niega la ciudadanía estadounidense a los niños, quienes sí están siendo registrados, el hecho de que sus padres no puedan tener en sus manos el acta de nacimiento que acredita su identidad y su registro como nacidos en Estados Unidos, los está dejando en un situación de vulnerabilidad que en la práctica los convierte en apátridas.

“Cuando llegaron las fechas de inicio del año escolar, solicitamos una orden de emergencia a la corte para que les entreguen actas de nacimiento a los niños, porque sin ellas no pueden registrarse en las escuelas ni entrar a clases”, explica Efraín Olivares, abogado senior de Texas Civil Rights Project (TCRP), una organización de defensa legal de inmigrantes en ese estado. “Hay otras consecuencias además: algunos de los niños están por perder el servicio de atención médica al que tienen derecho por ser ciudadanos, y otros más tendrán problemas si sus padres son detenidos por alguna autoridad, porque, ¿cómo compruebas que tu hijo es tu hijo sin el acta de nacimiento, que es el documento que lo acredita?”.

La respuesta a esta situación ha llegado por la vía legal: el 26 de mayo, TCRP, en conjunto con Texas Río Grande Legal Aid y la organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE), presentó una demanda en contra del Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, la instancia encargada del proceso de registro de los niños y de la emisión de las constancias de dicho registro. La argumentación plantea que negar la entrega de actas de nacimiento a niños ciudadanos de Estados Unidos constituye una violación a la Constitución de este país.

La demanda ha sido enmendada en dos ocasiones para agregar a un mayor número de afectados. De acuerdo con Olivares, quien forma parte del equipo legal a cargo de este caso, actualmente son 25 familias, conformadas por 28 adultos y 32 niños, los sujetos de la demanda; sin embargo LUPE, con más de 7 mil miembros, se ha presentado directamente como instancia afectada, por lo que algunas familias que cumplen con el perfil de los afectados por la demanda se seguirán sumando a través de su afiliación con esta organización. De los casos registrados hasta ahora, hay una madre hondureña y una guatemalteca; todos los demás niños son hijos de padres mexicanos.

Las autoridades estatales han presentado una moción para que se desestime la demanda, de manera que ahora el caso depende de una resolución de la corte. La próxima audiencia está programada para el 2 de octubre; en tanto, la vida de estos niños y sus familias, se encuentra afectada.

“Tenemos un caso de un niño que está en Reynosa, es ciudadano estadounidense, y la familia necesita el acta de nacimiento para que el niño pueda regresar. Por el momento, no puede”, relata Olivares. “Hemos tenido otros casos, de familias indocumentadas a las que interrogan en los retenes de inmigración –práctica habitual en un área de 160 kilómetros hacia adentro de la franja fronteriza–, a las que les piden que comprueben que los niños son suyos. ¿Cómo le haces?”.

 

Conflicto binacional

Aunque algunos medios han aprovechado el debate político en materia de inmigración generado por las campañas de los precandidatos a la presidencia en Estados Unidos, y especialmente por el discurso del empresario Donald Trump, este caso no tiene que ver con el derecho de los niños a la ciudadanía estadounidense, sino con la validez del documento de identificación que los inmigrantes indocumentados, principalmente mexicanos y centroamericanos, utilizan para realizar sus trámites oficiales.

La matrícula consular, documento expedido por los consulados de México y de otros países en Estados Unidos, solía ser aceptada por las autoridades de Texas. Un cambio en los lineamientos provocó que se dejara de aceptar, creando un tropiezo diplomático entre ambas naciones.

Durante los meses posteriores a la presentación de la demanda el cargo de embajador de México en Estados Unidos aún se encontraba vacante –tras la salida de Eduardo Medina Mora en marzo–, de manera que no hubo pronunciamiento alguno por parte de las autoridades mexicanas, hasta el 24 de atosto, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el recurso conocido como amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas.

En el escrito de 19 páginas, la cancillería manifiesta su apoyo a la demanda presentada por TCRP y Texas Legal Aid, para preservar el derecho de hijos de padres indocumentados nacidos en ese estado a recibir un certificado de nacimiento como ciudadanos estadounidenses. “Las expresiones de duda sobre la integridad de los documentos expedidos por un país amigo constituyen un elemento problemático y discordante en las relaciones binacionales”, señala el documento.

Más tarde, la cancillería emitió un comunicado oficial asegurando que “esta política pone a los recién nacidos hijos de indocumentados en un estado de gran vulnerabilidad, ya que viola su derecho a la identidad (…) y les impide el acceso a servicios básicos como salud y educación”, además de que “incide negativamente en el desarrollo de las relaciones internacionales de Estados Unidos al establecer medidas selectivas y un trato diferenciado que afecta la dignidad de los nacionales extranjeros y sus familias”.

Por su parte Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en Austin, reiteró que tanto la matrícula consular –que se expide en los 11 consulados de México en Texas–, como el pasaporte mexicano, cumplen con los más altos estándares de seguridad internacional. Las autoridades en Texas han dicho que aceptarán el pasaporte sólo si va acompañado de una visa estadounidense.

 

Soluciones temporales

Aunque las organizaciones demandantes se mantienen optimistas sobre el fallo de la corte en este caso, el proceso podría prolongarse sin una solución temporal para las familias afectadas. Incluso los niños que podrían gozar los beneficios de la doble nacionalidad debido a que sus padres son mexicanos, tendrán problemas al ser registrados ante el gobierno mexicano si no cuentan con un acta de nacimiento del país en el que han nacido, que diga quiénes son y quiénes son sus padres.

“Aunque técnicamente los niños tienen un país, porque están registrados, sin la copia del acta de nacimiento son prácticamente apátridas, porque no tienen cómo comprobar su identidad”, reitera Olivares.

Ante la complejidad del caso, son las propias instancias a cargo de otorgar los servicios las que se han hecho cargo de dar soluciones temporales.

“Las escuelas de la región han empezado a matricular alumnos dándoles un plazo de un mes para que lleven su acta de nacimiento”, comenta Olivares. “En el caso de la atención médica están haciendo lo mismo: te recibo ahora y me traes los documentos la próxima vez. Son acciones de ‘buena gente’, pero eso provoca tensión por la amenaza constante de que en cualquier momento te pueden quitar el servicio por no contar con el requisito del acta. Lo que necesitamos darles es la certeza legal de que sus derechos están garantizados”.//

 

 

RECUADRO: Antiinmigrantes, Trump y la Constitución

Con el inicio de las campañas de los precandidatos a la presidencia por el Partido Republicano, y en especial con las declaraciones antiinmigrantes de Donald Trump, el viejo debate sobre el derecho a la ciudadanía que la Constitución estadounidense garantiza a quienes han nacido en su territorio, ha vuelto a surgir con fuerza en medios de comunicación y en la arena política.

En el pasado la Proposición 187 en California y diversas iniciativas en Arizona, por mencionar solo algunos casos, han buscado la implementación de medidas locales para anular este derecho constitucional; en todos los casos han fracasado. A nivel federal, para modificar la Constitución se requiere del voto de dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso, y la ratificación postrior de tres cuartos de las legislaturas estatales.

De acuerdo con la Enmienda 14, ratificada en 1868, “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y que sean sujeto de su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el cual residen”. Sin embargo, este fraseo parece no ser suficiente para los grupos que exigen que se niegue la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados.

Uno de los argumentos utilizados por grupos como el Center for Imigration Studies (CIS), una organización que se opone a la inmigración indocumentada, es que la Enmienda 14 fue creada para asegurar el respeto a los derechos de la comunidad afroamericana tras la abolición de la esclavitud, y la inclusión de los indios nativos americanos; pero que estos beneficios no se expanden a la inmigración ilegal.

Un estudio de la misma organización señala que de 194 países, sólo 30 garantizan el derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de sus inmigrantes indocumentados. Ninguna de las naciones de economías avanzadas, salvo Estados Unidos y Canadá, garantizan la ciudadanía automáticamente.

Se estima que en Estados Unidos hay entre 5.5 y 6 millones de niños estadounidenses que son hijos de inmigrantes indocumentados.//

 

*Publicado en El Universal.

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