Denuncian “trabajo forzado” en “cárceles” de migrantes

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El día que Claudia Amaro entró al Centro de Detención de Inmigración en Eloy, Arizona, por no tener documentos para estar legalmente en Estados Unidos, iba preparada para todo: compartir la celda con otros, comer mal, pasar frío e incluso recibir algún mal trato. Lo que no esperaba es que, al llegar ahí, le ofrecerían trabajo.

El Centro de Detención de Eloy es una de las 60 prisiones operadas por Corrections Corporation of America (CCA), la empresa de operación privada de centros de detención más grande de EU. Desde hace 30 años este corporativo ha recibido ganancias millonarias por administrar la detención de inmigrantes sin documentos mientras esperan la resolución de su caso ante un juez de Inmigración. En conjunto, CCA y GEO Group, la segunda agencia de detención más grande del país, reciben ingresos por tres mil millones de dólares al año, de los cuales dos mil millones provienen del dinero de los contribuyentes.

Pero además de recibir un monto fijo por parte del gobierno en forma de contratos, estas empresas han encontrado la manera de recortar sus gastos y con ello incrementar sus ganancias. El pasado 22 de octubre un grupo de personas que estuvieron detenidas en el Centro de Detención de Inmigrantes de Aurora, Colorado, operado por GEO, presentó una demanda en contra de la empresa por haberlos utilizado como mano de obra barata o gratuita durante el tiempo que permanecieron recluidos.

Los demandantes Alejandro Menocal, Marcos Brambila, Grisel Xahuentitla, Hugo Hernández, Lourdes Argueta, Jesús Gaytán, Olga Alexaklina, Dagoberto Vizguerra y Demetrio Valerga, “detenidos y ex detenidos, que fueron encarcelados y empleados por Geo Group”, presentan “a nombre propio y a nombre de otros en situación similar” la demanda por “salarios no pagados y trabajo forzado”, además de “enriquecimiento ilícito”.

En el texto del documento se menciona que “en el curso de su empleo en GEO, los demandantes y otros individuos limpiaron baños, regaderas, retretes y ventanas (…) limpiaron los pisos y los enceraron, lavaron la ropa sucia y la de las instalaciones médicas, prepararon la comida de los detenidos, arreglaron el jardín…” y una serie de tareas adicionales, además de limpiar su propia celda. El monto que recibieron durante el tiempo que realizaron ese trabajo fue de un dólar al día, sin posibilidad de negarse a realizarlo; quienes se rehusaron fueron enviados a confinamiento solitario, según establece el texto de la demanda. En el caso de la limpieza de la propia celda, ésta se realizó sin pago de por medio. El salario mínimo en EU es de 7.25 dólares por hora; por cada cuatro horas de trabajo de un interno, los corporativos se ahorran 28 dólares en salarios.

De acuerdo con los lineamientos de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la dependencia encargada de establecer los contratos con los corporativos, sí existe un programa de trabajo voluntario que fue diseñado para dar a los internos “la oportunidad de ganar dinero” y para que el “efecto negativo del confinamiento sea disminuido a través de reducir el ocio, elevar la moral y reducir los incidentes violentos”. Como se especifica que es voluntario, hasta ahora no ha existido ninguna medida legal que lo frene; la demanda busca cambiar esta situación aduciendo a las leyes laborales estatales y federales, y denunciando prácticas de explotación.

Estas denuncias han tenido lugar desde hace varios años por parte de organizaciones de activistas.

Amaro, quien permaneció detenida por tres semanas en las instalaciones operadas por CCA, asegura que “llegando al centro, (a las internas) les ofrecen trabajo de todo y les pagan un dólar por labores como limpiar la celdas, barrer, trapear, limpiar la cocina, lavar ropa y hasta por cosas de electricistas y pintura. Yo no lo acepté, pero la mayoría se sienten intimidadas y buscan agradar a las cuidadoras. Es explotación; con el dinero que CCA ahorra en mano de obra cubren los gastos de los guardias”.

Negocio garantizado

Durante los últimos 15 años, el sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos ha aumentado sus números drásticamente, pasando de menos de 10 mil camas en 1999, a 34 mil en 2014, alojadas en 250 centros. Seis de cada diez de estos detenidos se encuentran en una prisión operada por CCA o por GEO.

Una de las políticas implementadas en tiempos recientes, a partir de la Ley de Presupuesto de Egresos de 2007, es la conocida como “cuota” dentro del presupuesto para centros de detención.

Esta previsión requiere que ICE mantenga detenidos mínimamente al número establecido cada año, con lo cual se protege la ganancia de las corporaciones a cargo de los centros. La medida no sería posible sin el intenso cabildeo realizado por los propios corporativos. De acuerdo con la organización Detention Watch Network (DWN), en 2013 los grupos de lobby del Grupo GEO invirtieron 1.2 millones de dólares para convencer al Congreso de actuar de acuerdo con sus intereses. La compañía también invirtió 880 mil dólares en firmas de cabildeo externo.

In the Public Interest (ITPI), un centro de documentación sobre concesiones y privatización con sede en Washington, D.C., ha analizado los contratos de las prisiones privadas para identificar un patrón en dichos convenios. ITPI encontró que 65% de los contratos de centros de detención privados incluyen una cláusula de garantía de cuota que requiere que se pague al contratista entre 80% y 100% de la cuota de ocupación total, aun en caso de que haya celdas vacías; es decir, haya o no haya arrestados, la empresa cobra. En los contratos, este mecanismo recibe el nombre de “impuesto de baja criminalidad”; a través de él, los contribuyentes garantizan que las corporaciones no pierdan sus ganancias. Los estados de Arizona, Louisiana, Oklahoma y Virginia son los que tienen los contratos con la garantía de ocupación más alta, entre 95% y 100%.

DWN afirma que esta cuota promueve que el trabajo de los agentes de Inmigración se centre en ciertas poblaciones para llenar las celdas de los centros. “Establecer una cuota (…) pone un precio a la vida de los inmigrantes (…) los trata como números o productos que deben ser comprados y vendidos, no como gente real con hijos y seres amados que dependen de ellos”.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, una organización de defensa de derechos humanos, emitió recientemente una serie de recomendaciones que incluyen la eliminación de la cuota y la detención de personas con base en su situación individual.

El grupo también pide que se sustituya la detención por mecanismos alternativos de detención, como el monitoreo remoto, lo que permitiría que los individuos permanezcan con sus familias mientras se resuelve su situación jurídica. Pero un mecanismo alterno cuesta entre 70 centavos y 17 dólares al día; en contraste, los corporativos ganan 119 dólares al día por detenido, y la cifra se eleva hasta los 298 dólares en el caso de centros de detención familiar. Los números hablan.

La máquina corporativa

Tanto GEO como CCA enfrentan un historial de denuncias por maltrato, violación de derechos humanos, explotación laboral y falta de transparencia, que han dado por resultado sanciones en el pasado.

En el caso de CCA, el episodio más conocido es el del Centro de Detención T. Don Hutto, en Texas, que funcionó como “residencia familiar”, es decir, como centro de detención para familias con niños, hasta 2009, cuando la administración Obama lo cerró tras la presión de activistas denunciando las condiciones en las que vivían los menores, como el uso de uniformes de prisión y la falta de acceso a la educación y a la atención médica.

En el caso de GEO, el trabajo de la empresa está marcado por el Centro de Justicia Juvenil del condado de Coke, también en Texas, que fue cerrado en 2007 tras descubrirse irregularidades como el exceso de uso de gas pimienta, falta de programas educativos, heces en las celdas, comida insalubre e infestada de insectos y falta de personal suficiente.

Años antes, el centro enfrentó la demanda de 12 familias por “violación múltiple de menores realizada por adultos”. Hubo sanciones para un par de empleados y un arreglo económico con las familias, pero ningún funcionario de ese centro fue sancionado. Una de las víctimas, violada a los 15 años, se suicidó el día que se concretó el arreglo económico.

Datos de DWN indican que de 2003 a la fecha han muerto 144 personas en centros de detención de Inmigración, principalmente por enfermedades cardiacas, circulatorias, o complicaciones respiratorias, aunque también hay casos de fallas renales, cáncer y ahorcamiento; las organizaciones de monitoreo de prisiones privadas han denunciado la falta de prevención y tratamiento adecuado de enfermedades al interior de estos centros.

En el mismo periodo, CCA y GEO han gastado en conjunto 32 millones de dólares en cabildeo en el Congreso, según la organización Grassroots Leadership. El más reciente proyecto de detención de la administración Obama, la expansión de centros de reclusión para familias migrantes con niños, uno en Karnes y otro en Dilley, ambos en Texas, fueron asignados, el primero a GEO, y el segundo a CCA.

Corrections Corporation of America, CCA, con sede en Nashville, Tennessee, es la mayor propietaria de prisiones privadas y centros de detención de Inmigración en EU. Con más de 15 mil empleados, en 2013 reportó ingresos por mil 700 millones de dólares y obtuvo ganancias por 300 millones, de los cuales el 100% proviene de contratos con el gobierno pagados con dinero de los contribuyentes.

Según el último reporte para accionistas, durante 2013 el presidente y CEO del corporativo, Damon T. Hininger, quien tiene un salario superior a 700 mil dólares anuales, percibió un total de tres millones 200 mil dólares que incluyen también ganancias por sus acciones en la empresa y compensaciones en tres distintos rubros.

Por su parte, GEO Group, con sede en en Boca Raton, Florida, y fundado más o menos en la misma época que CCA, es la empresa más fuerte en el mercado a nivel internacional, con casi 100 centros de detención y 18 mil empleados tanto en Estados Unidos como en otros países, de acuerdo con su información corporativa. Llamado en sus inicios Wackenhut Corrections Corporation, GEO tiene un historial similar al de su competencia en términos de cabildeo y ganancias. En 2013 reportó ingresos por 1,500 millones de dólares.

A la espera

En los próximos meses se sabrá si prospera la demanda presentada por quienes denuncian explotación laboral por parte de este corporativo, y si esto podría tener un impacto en la operación interna de los centros de detención privados.

Por el momento la respuesta de GEO a través de su portavoz, Pablo Paez, ha sido que “nuestras instalaciones se adhieren a los estándares [del gobierno federal] y a los estrictos requisitos de los contratos establecidos por ICE (…) y son auditadas e inspeccionadas por la agencia de manera rutinaria (…) Durante las revisiones más recientes, nuestras instalaciones han recibido una evaluación perfecta de 100%”.

*Publicado en El Universal.

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