Sin papeles y sin salud

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El primer día de 2014, Gaby Pérez inició una cuenta regresiva: diez, nueve, ocho, siete. Sabía que el 11 de enero, cuando la cuenta terminara, la vida le iba a cambiar. Cualquier chica habría estado entusiasmada por cumplir 21 años, pero ella veía pasar los días con angustia. Seis, cinco, cuatro. El 10 de enero recibiría su último paquete con insumos médicos: una caja con 30 sondas, indispensables para orinar.

Tres, dos, uno, cero: el 11 de enero, después de 19 años de recibir atención médica por parte del gobierno estadounidense, Gaby cumplió la mayoría de edad y la puerta se le cerró: para el sistema de salud de este país, Gaby no existe más. Feliz cumpleaños.

Gaby es una de los 11 millones de habitantes de Estados Unidos que la reforma de salud, la ley conocida como Obamacare -cuyo nombre oficial es Ley de Acceso a la Salud-, dejó en el olvido. De acuerdo con la iniciativa que tanto capital político costó al presidente Barack Obama, a partir del 1 de enero de 2014 todos los ciudadanos estadounidenses deberán haber contratado un seguro de salud a precio accesible, salvo algunas excepciones, so pena de recibir una multa económica.

En términos generales, la entrada en vigor de la legislación beneficia a una mayoría de población que antes no tenía acceso a los servicios de salud. A diferencia de otros países desarrollados, como Canadá o Francia, en Estados Unidos no existe la cobertura médica universal: cada quien debe pagar por su propia atención médica, y debido a los elevadísimos costos de estos servicios, son millones quienes pasan meses, incluso años, sin hacer una visita al doctor. Una póliza de seguro para una persona con alguna condición preexistente, como presión arterial alta, puede ascender hasta los 800 dólares al mes.

El principio del Obamacare busca solucionar esta deficiencia a partir del esquema de riesgo compartido: si entre todos los ciudadanos se divide una parte del costo de cuidado de la salud de quienes no tienen acceso a ella, se promueve la prevención y, en el mediano plazo, se evita una catástrofe financiera mayor para el país. De esta manera, y con base en estudios socioeconómicos, a partir de 2014 el Estado absorbe una parte del costo de la cobertura, y el pago que el individuo con condiciones preexistentes debe realizar de su bolsillo puede reducirse a unos 200 dólares al mes por un plan básico.

Las excepciones a la norma anterior son dos. La primera establece que nadie está obligado a pagar más de 8% de su salario en cobertura de salud; si ese fuera el caso, la ley lo exime. La segunda es que, si la persona no cuenta con documentos para estar legalmente en el país, no puede adquirir un seguro bajo el esquema de subsidios del Obamacare. Este es el caso de 11 millones de indocumentados.

Un estudio de la fundación Trust for America’s Health estima que si aportara 10 dólares al año por cada ciudadano, el Estado evitaría un gasto de 18 mil millones de dólares anuales en un plazo de entre diez y 20 años. Si el Obamacare implementara una medida como esta, la reforma de salud podría beneficiar a todos los habitantes de Estados Unidos, incluidos los indocumentados.

“Una persona sin seguro de salud nos cuesta a todos”, explica Anthony Wright, quien es presidente ejecutivo de la organización Health Access. Significa que alguien puede enfermar o morir joven y que será más difícil identificar y manejar enfermedades que afectan a toda una comunidad.

Un buen porcentaje de gente en esta situación -sin seguro- llega a los hospitales en un estado avanzado de dolor o enfermedad y esto genera una carga en los proveedores que cuentan con un presupuesto determinado ya que, por ley, deben ser atendidos.

Si los casos de este tipo absorben recursos de los hospitales, éstos tendrán que hacer recortes en otros servicios o elevar las tarifas para los demás.

Para quienes no cuentan con un seguro de salud, los gastos de hospitalización llegan a ser tan elevados que es común que el afectado tenga que declarase en bancarrota o pierda propiedades, ya que no cuenta con recursos para pagar. Un ejemplo: en California, la factura promedio que paga una persona, por fractura de cadera y pelvis, es de 33 mil dólares.

“Si una quinta parte de tu población puede quedar en bancarrota debido a un accidente, lo que sigue es una desestabilización de toda una comunidad; es gente que deja de consumir, de aportar a la economía”, explica Wright. Esto no sólo tiene un impacto en el paciente como individuo, sino en su familia, en su comunidad, en el estado y la nación. Esa es la razón económica por la que es importante que la gente esté cubierta.

Gasto billonario

Estados Unidos gasta más de 2 mil billones de dólares anuales en atención a problemas de salud, más que ningún otro país en el mundo. Esto se debe a que decenas de millones de estadounidenses sufren de enfermedades prevenibles, como diabetes tipo 2 o males cardiacos, así como algunos tipos de cáncer que reducen su calidad de vida.

Es sabido que estos costos podrían reducirse considerablemente con programas de salud preventiva. La organización Commonwealth Fund estima que en Estados Unidos, sólo con la reducción del uso de tabaco y de los niveles de obesidad, bajarían los costos de atención a la salud del país en 474 mil millones de dólares en un plazo de 10 años.

El reporte que hace la estimación de inversión de diez dólares al año en prevención para evitar gastos millonarios en el futuro, Prevention for a healthier America, -publicado en 2009 por la fundación Trust for America’s Health-, realiza un balance entre el costo de atender enfermedades prevenibles en las salas de emergencia, y lo que costaría invertir en la prevención oportuna de dichas enfermedades. Con la creación de programas comunitarios de salud preventiva se podrían ahorrar más de 2 mil 800 millones de dólares anuales en uno o dos años, más de 16 mil millones anuales en un periodo de cinco años y el gran total de 18 mil millones anuales en un plazo de entre diez y 20 años.

“Creo que me agarró la depresión”

La familia de Gaby llegó a Estados Unidos en 1995. Originarios de Jalisco, sus padres, Claudia y Gabriel, recibieron la mala noticia cuando la niña tenía un año de edad: le diagnosticaron espina bífida y no le daban más que un año de vida. Cuando Gaby cumplió dos años y medio, en el hospital del Seguro Social donde la atendían en México le dijeron que no podían hacer más por ella. Entonces tomaron la decisión de irse a California, incluido su hijo mayor, entonces de cuatro años. Un hermano de Claudia los esperaba ahí.

“Me di cuenta de que en este país hay muchos recursos para niños como mi hija, pero que esto viene con limitaciones si no tienes un estatus legal”, relata Claudia, cuya actitud jovial y chispeante contrasta con la de su hija, apacible y de sonrisa suave.

La familia se encuentra en las oficinas de la organización Hermandad Mexicana Transnacional, donde Gaby trabaja dando clases a quienes desean convertirse en ciudadanos estadounidenses. Desde su silla de ruedas, prepara a quienes están por gozar del privilegio que a ella le está negado.

En California, por una disposición oficial, los menores de 21 años pueden recibir beneficios del programa conocido como Medical (de emergencia). Gracias a eso, fue posible atender el caso de Gaby, que con los años se complicó: siendo aún niña, hubo que atenderle fallas en el riñón y practicarle una cirugía para colocar una válvula desde su estómago hasta su cabeza, por la cual circula el líquido raquídeo. Con el tiempo empezó a caminar, pero a los 12 años le diagnosticaron escoliosis -caracterizada por un encorvamiento de la espalda- que la obligó a usar un ceñido aparato para evitar que la desviación aumentara.

“Los médicos me dijeron que después de los 18 años, cuando ya no iba a crecer más, podía volver a caminar. Y uno se hace la ilusión, pero cuando llegó el momento me dio miedo, ya no quise”.

Gaby hace una pausa. Habla muy bajito, baja la mirada dulce, le ganan las lágrimas: “No me esforcé. Creo que me agarró una depresión. Ahora estoy mejor. Nomás que sí me preocupa lo otro”.

“Lo otro” es el asunto de sus sondas. Debido a su enfermedad, Gaby requiere de la instalación de una sonda cada vez que va al baño. Una sonda cuesta cuatro dólares.

Durante los años que Gaby contó con el apoyo de Medical, el costo de las sondas estuvo cubierto; pero este apoyo es sólo para menores de 21 años.

Todo ese tiempo la esperanza de la familia era que, al llegar el momento, hubiera una alternativa para Gaby: una reforma migratoria, o al menos la aprobación de un dream act, la ley que beneficiaría a chicos como ella, conocidos como dreamers, que llegaron al país siendo menores de edad. Nada de esto ocurrió.

“Mi mamá está muy preocupada. Ella trabaja limpiando casas y mi papá trabaja como electricista; pero aun así, el gasto es mucho. Yo ya le dije a mi mamá que no se preocupe, que yo puedo pagar mis sondas”, dice Gaby, quien sólo pudo estudiar un semestre de carrera. Al no contar con documentos, no tuvo acceso a los financiamientos públicos para estudiar.

ONG salvavidas

Ante la potencial crisis de salud que enfrentan millones de inmigrantes, las organizaciones civiles, fundaciones particulares y agencias de gobierno han puesto a prueba su creatividad para que algunos servicios estén al alcance de la población más vulnerable. Programas como los de atención a menores de edad, a personas discapacitadas y a mujeres embarazadas -sólo con fines de salud reproductiva- cubren parcialmente a un pequeño porcentaje de la población indocumentada; sin embargo, el tratamiento preventivo no está contemplado.

“El sistema reconoce que los niños no tienen la culpa de nada; pero cumples 21 años y ahora sí te puedes morir”, dice indignado Unai Montes-Irueste, integrante de la junta directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, una organización que se dedica a proporcionar entrenamientos en escuelas, en iglesias o espacios comunitarios sobre los programas satélite a los que tienen derecho quienes no sean beneficiarios del Obamacare.

“Se dice en ocasiones que el cuidado de la salud es un derecho, pero cuando lo ponemos a prueba no ocurre. Casos como el de Gaby son indignantes: una línea pintada arbitrariamente, en este caso ¡un cumpleaños! Ese criterio no nos beneficia como sociedad. El mensaje que nos manda el gobierno es: ‘Si no puedes tú solo, mereces morir'”. Y cuestiona “si como sociedad estamos listos para perder lo que hemos avanzado, aceptar todo aquello por cuya erradicación hemos luchado por décadas”.

*Publicado en El Universal

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