Legalización en veremos… y a pedacitos

Tener la ciudadanía completa o simplemente alejar el peligro de una deportación. Esta es la disyuntiva a la cual se enfrentan en Estados Unidos los indocumentados y los activistas que defienden su causa. En todo caso, la eventual aprobación de una ley en materia migratoria no ofrecería una reforma integral para otorgar la ciudadanía, sino una serie de medidas para dar estatus legal a ciertos sectores. Justo este tema tiene divididos a los posibles beneficiarios de la reforma.

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LOS ÁNGELES, CAL.- El pasado 28 de enero, durante su discurso sobre el “estado de la nación”, el presidente estadunidense Barack Obama pronunció una frase que provocó aplausos entre algunos de los presentes: “Es tiempo de arreglar nuestro inoperante sistema de inmigración”. Las palabras de Obama no son novedosas. Las ha pronunciado con cierta regularidad durante los últimos seis años –uno de campaña y cinco de gobierno–. Sin importar cuán bien intencionado sea, hasta el momento su gobierno arroja un saldo negativo en lo tocante a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país.Dos días después del discurso presidencial y a un año de presentada la iniciativa de Ley S744 –el proyecto del Senado que buscaba revivir una posible reforma migratoria y terminó en la congeladora de la Cámara de Representantes–, el líder republicano en la Cámara Baja, John Boehner, dio a conocer una serie de lineamientos que constituirían la base para una nueva propuesta legislativa a discutirse los meses venideros.

Entre los puntos a considerar resaltan, igual que en el proyecto aprobado por el Senado, la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera, el control de ingresos al país mediante un estricto sistema de visas y la aplicación de sanciones a quienes contraten a empleados indocumentados. Estas tres medidas se presentan como el eje indispensable para considerar cualquier tipo de ley encaminada a la regularización del estatus migratorio de la población sin documentos.

Sin embargo la postura republicana no establece un posible camino a la ciudadanía o a la residencia permanente para quienes pudieran ser beneficiarios de dicha regularización, salvo en el caso de los dreamers: jóvenes que llegaron al país cuando eran menores de 16 años y que cumplan además ciertos requisitos, como tener al menos cinco años de vivir ininterrumpidamente en el país, finalizar dos años de educación superior o servir dos años en las fuerzas armadas.

La iniciativa de ley que pudiera salir de estos principios durante los próximos meses revive la esperanza de lograr un acuerdo entre partidos para destrabar el debate sobre inmigración.
No obstante, está lejos de contener las características buscadas durante décadas por las organizaciones proinmigrantes.

La lucha por una reforma migratoria integral, con todo y una ruta a la ciudadanía para toda la población indocumentada, se encamina a ser sustituida por lo que en inglés se conoce como piecemeal: una serie de medidas para otorgar estatus legal a ciertos sectores –mano de obra calificada en áreas tecnológicas, trabajadores agrícolas, estudiantes– en condiciones no siempre favorables, dejando fuera a millones de personas que no pertenecen a un grupo de interés.

Cuestión de negociación

Ricardo Moreno tiene más de dos décadas trabajando con organizaciones proinmigrantes. En los últimos años, el vuelo que con más frecuencia ha tomado es el que lo lleva de Los Ángeles, donde vive, a Washing­ton, donde cabildea como representante de la Iglesia Presbiteriana en California.

Es en los pasillos de los edificios de gobierno federal donde está ahora el jaloneo: la visita a congresistas, uno por uno, por parte de los activistas más diestros en el lobby político para pedir la flexibilización de la postura de unos y la congruencia en la negociación por parte de los otros. El objetivo siempre es obtener la mejor ley posible, y en ocasiones la postura se endurece: si la ley no ofrece una legalización digna, incluyente, es mejor no tener nada.

“Lo que acabamos de ver es cómo los republicanos están haciendo una jugada maestra para dividir el movimiento”, comenta Moreno vía telefónica desde Washington.­ “Le sacan una rama de olivo a los dreamers ofreciéndoles acceso a la ciudadanía, pero ponen a los demás todas las dificultades para lograr su legalización. Los cambios que plantean en el sistema de inmigración harían el acceso a la ciudadanía aún más difícil de lo que establece el sistema actual”.

La negociación no es fácil. Una legislación que permita regularizar el estatus de la población indocumentada, aunque no otorgue a los beneficiarios la posibilidad de convertirse en residentes permanentes o en ciudadanos estadunidenses, se considera poco justa e incluso punitiva en cuanto no otorgue derechos plenos a individuos que en ocasiones llevan una o dos décadas contribuyendo con el país, siendo parte de él.

Sin embargo la realidad en las calles es otra: se le puede preguntar a una persona sin documentos (sin la posibilidad de conducir un auto, sin permiso de trabajo, sin poder salir del país para visitar a su familia) si aceptaría una ley que le diera todo eso, aunque no lo hiciera ciudadano, y la mayoría la aceptaría encantada.

En diciembre pasado el think tank Pew Research Center dio a conocer los resultados de una encuesta entre latinos y asiáticos que viven en Estados Unidos, a quienes se les preguntó qué consideran más importante para la población indocumentada, si vivir en el país sin correr el riesgo de deportación o tener un camino a la ciudadanía. El 55% de los latinos y 49% de los asiáticos respondieron que es más relevante vivir sin el miedo a ser deportados, contra 35% de latinos y 44% de asiáticos que consideraron más importante contar con la opción de volverse ciudadanos.

Latinos y asiáticos forman dos tercios de los inmigrantes que viven en el país de manera legal; 28 millones de votantes entre ambos grupos. Entre los dos, el voto de la elección presidencial en 2012 fue para Barack Obama en más de 70%. Respecto a los inmigrantes indocumentados, los latinos por sí mismos constituyen tres cuartas partes de los 11.7 millones que Pew Research Center maneja como cifra oficial.

“Yo he hecho en las iglesias grupos de enfoque con indocumentados y esa es la respuesta. Son los inmigrantes quienes hacen los sacrificios, vienen a esta tierra atravesando varias fronteras, expuestos a peligros, pagándole a un coyote por ir a un futuro incierto, tienen 10 o 20 años en las sombras, explotados, y la mayoría te dice: ‘Sí, lo aceptaría’. La pregunta es si estaríamos dispuestos a que conservaran ese estatus para siempre”, dice Moreno.

En caso de que los principios anunciados por los republicanos –y que, más allá de las observaciones de activistas sobre la falta de un camino a la ciudadanía, se interpretan como una buena señal en general– se conviertan en iniciativa de ley, aún falta ver cómo transcurrirán la negociaciones, primero dentro del Partido Republicano, con el ala más dura que considera inaceptable cualquier tipo de legalización de la población indocumentada; y después con el Partido Demócrata, en cuya cancha estará el balón para suavizar la ley en sus partes más rígidas cuando ésta llegue al Senado, controlado por dicho partido.

Para Moreno, la estrategia republicana buscará dividir a la base liberal latina sobre el tema específico de la ciudadanía y, al mismo tiempo, mantener bajo control a la base conservadora y más recalcitrante de su partido. Teniendo en cuenta que las elecciones primarias republicanas serán en la primavera de este año –y algunos legisladores tratarán de mantener una línea dura para no ser desplazados por sus oponentes en la reelección–, es posible que el margen de maniobra, tanto para el ala liberal de ese partido como para los demócratas, llegue después del receso legislativo de verano, cuando las candidaturas ya no estén en juego.

Asunto urgente

El 10 de enero de 2012, a unos días de la toma de protesta de Obama para su segundo periodo de gobierno, Ericka Andiola, conocida y pujante activista dreamer de Arizona, recibió la noticia que todos esos jóvenes saben que puede llegar, pero esperan jamás oír: agentes de inmigración arrestaron a su madre, María Arreola, y a su hermano, Heriberto Andiola.

Inmediatamente Erika subió a las redes sociales un video para explicar el caso de su familia y pedir a la comunidad que hiciera llamadas y enviara cartas a las autoridades de inmigración para detener su deportación. Erika es una dirigente de alto perfil, de manera que la mañana siguiente las reacciones se encontraban en todos lados: decenas de organizaciones ya habían manifestado su apoyo y reunido firmas para pedir la liberación de los Andiola bajo la prerrogativa de discreción que tienen las autoridades de inmigración.

Unas horas más tarde Erika daba a conocer que su madre y su hermano habían sido liberados. Según la información publicada por la joven en su página de Facebook, el autobús que lleva a los detenidos en proceso de deportación a la frontera con Tijuana ya iba en camino cuando el chofer recibió una llamada con la orden de detenerse.
La joven agradeció a quienes se movilizaron y reconoció que su familia estaba libre por la influencia de la red de activistas dreamers, pero también preguntó: “¿Qué pasó con las otras personas que iban en el autobús, con sus hijos, con sus familias?”.

“Para nosotros, dentro del movimiento, el dolor de la separación familiar es demasiado. Existe una urgencia tal en la comunidad, que nos pone en una situación muy difícil estar entre la espada y la pared con el tema de la ciudadanía completa”, dice Erika Andiola.

Explica la postura que lleva varias semanas compartiendo en redes sociales: por supuesto que todas las familias indocumentadas desearían una ley que les diera acceso a los beneficios de una ciudadanía completa en el país donde viven, pero la realidad es que pasan los años, los activistas mantienen una postura firme, inundan los corredores de los edificios de Washington y no se obtiene nada.

“Yo tengo cinco años en esto, pero conozco a gente que tiene más de una década y siempre es el mismo círculo vicioso. Pedir la reforma migratoria integral es algo tan amplio, tan abarcador, que se usa como juego político entre los dos partidos”, expone.

Y reflexiona: “Si en este momento resolviéramos lo más urgente, que es detener las deportaciones, que haya un alivio para saber que las familias no serán separadas, tendríamos todo el tiempo para negociar una reforma amplia; pero la realidad es que no podemos esperar. No tenemos esperanzas sobre una reforma integral; si se puede hacer un paquete, adelante, pero si se puede hacer por pedacitos, si los republicanos quieren ir paso a paso, está bien. El punto es que por el momento no hay nada en la mesa; cuando haya una legislación concreta, podremos discutirla”.

Dados los tiempos legislativos en un año de elecciones en el Congreso, todo indica que el tema de la reforma avanzará lento.

Con el Partido Demócrata sin esperanza de recuperar la Cámara Baja y tratando de defender su mayoría en el Senado, muy probablemente el cierre de 2014 deje como saldo un Congreso en el que se conserve la división de poder entre las cámaras y en el que las legislaciones controversiales, como la relativa al tema de inmigración, sigan siendo moneda de cambio entre partidos.

Sin embargo el costo de la inacción puede salirle más caro a los republicanos: la misma encuesta de Pew Research Center indica que si la iniciativa de reforma migratoria integral no prospera, 43% de los latinos y 48% de los asiáticos harían responsable a ese partido, en comparación con 34% de los latinos y sólo 29% de los asiáticos que considerarían responsables a los demócratas o a Obama.

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