Migrantes que no hablan inglés… ni español

jamines

A Manuel Jamines le disparó un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) el 5 de septiembre de 2010 frente al parque MacArthur. De acuerdo con testimonios del policía y sus compañeros, la razón para disparar fue una amenaza a su seguridad luego de haber ordenado a Jamines, quien presuntamente portaba un cuchillo, que se detuviera y pusiera las manos en alto. La orden le fue dada varias veces en inglés y en español.

Jamines, migrante indígena guatemalteco, no entendía ninguno de los dos idiomas. Sólo hablaba quiché. Recibió un disparo en la cabeza, otro en el cuerpo. Murió en el lugar.

El caso provocó protestas y denuncias de abuso policiaco por parte de activistas de la comunidad latina en esta ciudad –algunos de ellos alegaban que Jamines no iba armado–, pero también lanzó los reflectores sobre un asunto que por varios años ha preocupado a las organizaciones de migrantes indígenas en California: al tiempo que se busca integrar a la sociedad estadunidense a quienes llegan a este país sin dominar el inglés, es preciso informar y educar a las autoridades y servidores públicos que tienen a su cargo parte de esta integración para que el resultado sea un éxito, o por lo menos no acabe en tragedia.

Aunque California es uno de los estados que más ha avanzado en términos de reconocimiento de los derechos de quienes hablan un idioma distinto al inglés, e incluso cuenta con servicios de traducción e interpretación en un gran número de agencias de gobierno y oficinas de servicio público, un error común es creer que todo migrante proveniente de un país latinoamericano tiene como primer idioma el español.

De esta manera, es común encontrar que en cortes, hospitales o departamentos de policía se asigna un intérprete en español a quien debe hacer una declaración o rendir un testimonio, aun cuando su domino de este idioma sea básico o nulo. Las consecuencias abarcan desde complicaciones jurídicas, y de salud, hasta la pérdida de la vida en casos extremos.

Las cifras oficiales indican que en California existen entre 150 mil y 200 mil migrantes latinoamericanos que se identifican como indígenas, más de 50 mil de ellos en el área de Los Ángeles, aunque organizaciones como el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO), dedicado al estudio y la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas en Estados Unidos, consideran que la cifra es variable debido a la dificultad de contabilizar a una población indocumentada, con limitaciones de comunicación y en constante movimiento. Para la gran mayoría de ellos, su idioma principal es una lengua indígena, la de su comunidad de origen.

“Esta población, vulnerable por la falta de documentos y por los prejuicios y estereotipos que acompañan a su condición de indígena, se enfrenta a la mayor explotación laboral y de clase”, explica Gaspar Rivera-Salgado, director de CBDIO y académico de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), quien asegura que los migrantes indígenas monolingües en Estados Unidos suelen ser los peor pagados.

La situación es aún peor para las mujeres, quienes son exclusivamente monolingües en mayor proporción que los hombres.

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Catorce policías portando sus uniformes de servicio –armas a la cintura incluidas– llegaron puntualmente a uno de los espacios en el centro de Los Ángeles que suelen ser sede de los eventos organizados por CBDIO.

En esta ocasión, en conjunto con el Frente Indígena de Organizaciones Binacioales (FIOB), el motivo era la celebración del Octavo Taller Anual de Competencia y Cultural para funcionarios públicos y agencias no gubernamentales, que tiene por objetivo sensibilizar a quienes están a cargo de prestar servicios a las comunidades inmigrantes, o de la aplicación de la ley, sobre la realidad de la comunidades indígenas, su diversidad étnica y la existencia de marcas culturales, usos y costumbres.

“En general tenemos una buena respuesta por parte de los policías”, comenta Rivera-Salgado. “El reto en ocasiones son los agentes que son de origen latino que se molestan porque alguien más les habla de las comunidades migrantes de sus países de origen siendo que ellos ya lo saben todo. Pero la cosa cambia cuando descubren que no, no lo saben”.

Aunque al inicio del taller resulta evidente la apatía de algunos de los agentes, la actitud se modifica conforme avanzan las presentaciones. Rivera-Salgado explica las dificultades para aprender inglés, o cualquier otra lengua, si quienes hablan un idioma indígena no saben leer ni escribir. “Aprender otra lengua es un proceso de educación, debes tener la infraestructura para ello. Si eres iletrado en tu lengua, es poco probable que aprendas, que navegues adecuadamente la otra”.

Otro tema es el de la diversidad lingüística entre quienes provienen de regiones que aparentemente podrían ser similares. Con enorme paciencia y alternando mapas del sur de México, los ponentes van marcando las diferencias entre las familias lingüísticas. Aunque en varias regiones se hable zapoteco, las variantes de este idioma pueden provocar que originarios de diferentes regiones no se entiendan entre sí, incluso si provienen del mismo estado.

Por ejemplo, explican, quienes vienen de Oaxaca no sólo hablarán más de una variante de zapoteco, sino también de mixteco, chatino o triqui. ¿Cómo comunicarse entonces con alguien cuando se ha identificado que sólo habla una lengua indígena? Los policías, en este punto, mantienen la vista clavada al frente buscando la respuesta.

Mientras eso ocurre, un hombre mexicano entre la audiencia ayuda a un afroamericano, ambos activistas, a entender estas diferencias. Le pone el ejemplo de la palabra “tortilla”, con un significado en el español que se habla en México y otro distinto en el español que se habla en España. “¿Entonces es un idioma diferente?”, pregunta el segundo. “No, es el mismo idioma pero las palabras no significan lo mismo”. Una policía rubia escucha con atención y toma nota.

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A la dificultad de identificar el idioma y la variante de éste que habla una persona, se suma la falta de recursos debido a la falta de información. En Estados Unidos, como en muchos otros países, los recursos para los programas de apoyo a minorías étnicas se determinan con base en los datos del censo.

De acuerdo con las categorías de esta herramienta, entre los 220 idiomas que se identifican en California, los indígenas se clasifican en grandes grupos como el uto-azteca, maya, las lenguas otomangueanas, el quechua y lenguas tupi-guaranís.

Bajo estas agrupaciones generales, sólo aparece un total de 3 mil individuos como hablantes de una lengua indígena en California, cifra que contrasta radicalmente con los números que manejan CBDIO y FIOB. Lo preocupante es que los recursos destinados al entrenamiento de autoridades y la asignación de intérpretes en cortes y hospitales en el estado se encuentran dictados por esta cifra.

“Si lo que necesitas son fondos para la protección de estas comunidades, los números representan una gran diferencia”, explica Ana Paula Noguez, coordinadora de programas de prevención de violencia doméstica e instructora en el taller de CBDIO.

De acuerdo con un estudio sobre trabajadores agrícolas en California citado por Noguez, en los campos de cultivo de este estado viven 120 mil indígenas mexicanos adultos, además de 45 mil niños. Esta población proviene de 13 diferentes entidades de México y habla 23 idiomas indígenas diferentes, siendo los principales el mixteco, el zapoteco y el triqui, en ese orden.

A. Labrada, teniente del LAPD a cargo de coordinar a los agentes asistentes, aseguró que la dependencia trabaja para evitar que la falta de comunicación se vuelva un factor de conflicto en casos como el de Jamines, y también para crear un clima de confianza entre la comunidad inmigrante en general, pero en especial la indígena, y las agencias del orden.

“Sabemos que hay gente que no denuncia casos de violencia doméstica, o emergencias al 911, porque no tiene manera de comunicarse”, reconoció.

“A veces ocurre que en una emergencia una familia llama al 911 y cuando los servicios llegan, un hijo pequeño, que es el único que habla inglés, debe fungir como traductor”, explicó Odilia Romero, asesora de FIOB. “Se violan los derechos a la confidencialidad, a tener un intérprete certificado, a la calidad del servicio, e incluso a la veracidad; el uso de variantes como el ‘spanglish’, bajo el cual la misma palabra puede significar dos cosas diferentes dependiendo de si el idioma de referencia es el inglés o el español, puede dar pie a errores importantes.

En California se concentra el índice más alto de población que no domina el idioma inglés y un tercio del total de la población inmigrante indígena que ha llegado al país en las dos últimas décadas. “Si no tienes manera de hablar con alguien en tu idioma no tienes acceso a la educación, a servicios de salud, a vivienda”, señala Noguez. “No tienes acceso a la justicia. Te vuelves invisible”.

*Publicado en Proceso.

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