Boicot a Arizona

La mañana de hoy Arizona se metió en un viaje en el tiempo. Con la firma de la iniciativa de ley SB1070, la gobernadora Jan Brewer llevó a este estado fronterizo al siglo XIX, cuando la entidad se incorporó a la Unión Americana bajo el nombre de Estado de Arizona. Habiendo formado parte del territorio mexicano y siendo habitada por grupos indígenas como los Pueblo, los Yaqui o los Navajo, Bringham Young, el entonces dirigente de la Iglesia de los Santos de los Últimos días, o mormones, decidió poblar la zona con personas de origen europeo. Bajo esa premisa fueron fundadas ciudades como Phoenix, Tempe y Prescott, que hoy son el corazón del estado.

Durante más de un siglo la búsqueda por la supremacía anglosajona ha marcado a Arizona como uno de los estados con políticas más retrógradas y racistas de la Unión Americana. Algunas de las leyes antiinmigrantes más radicales se han cocinado ahí y la entidad está considerada el laboratorio legislativo del país: se impulsan leyes antiinmigrantes en Arizona y de ahí se extienden a otros estados.
Es en Arizona, en el condado de Maricopa –al cual pertenece Phoenix, la capital- donde el sheriff Joe Arpaio, operando con dolorosa impunidad, ha aterrorizado a los habitantes de origen latino en busca de “limpiar” a las comunidades de inmigrantes indocumentados –aún cuando sean estos mismos inmigrantes los que podan los jardines, construyen sus casas, cuidan a sus hijos, largo etcétera. Es en Arizona también donde en 2004 se aprobó la Proposición 200, que niega el acceso a servicios públicos a quien se encuentre en el país sin documentos.

La ley SB1070, aprobada el 19 de abril pasado por el Congreso estatal y firmada hoy por la gobernadora republicana Brewer, va aún más allá. No sólo sanciona a quienes proporcionen cualquier tipo de transporte o alojamiento a una persona indocumentada, incluso si ésta es de su propia familia, sino que castiga a los oficiales de las agencias del orden –departamentos de policía o del sheriff- que sospechen que una persona es indocumentada y no lo detengan para corroborar su estatus.

De acuerdo con la legislación vigente, las agencias del orden únicamente pueden detener a una persona y pedirle que acredite su estatus migratorio bajo sospecha de un crimen grave. Las leyes federales prohíben que las autoridades locales realicen funciones de agentes migratorios, salvo en algunas excepciones. Si bien es utilizando esta licencia que personajes como Arpaio operan en su jurisdicción, en términos generales esta medida protege a quienes no tienen documentos y están en el país buscando una vida mejor para sus familias.

Bajo la SB1070, esta garantía quedará eliminada. La ley no sólo favorece la detención sin motivo de cualquier persona, sea inmigrante o no, tenga documentos o no, sino que estimula la práctica del perfilamiento racial al exigir que se detenga e investigue a quienes “parezcan” indocumentados. ¿Cuáles la definición física de un indocumentado? En un país donde la inmigración proviene de cualquier rincón del mundo, y donde la mayoría de los inmigrantes y sus descendientes cuentan con un estatus migratorio legal, ¿cómo se reconoce a alguien que está en el país de manera ilegal? La respuesta para las organizaciones de defensa de los derechos civiles es clara: será aquél que tenga la piel obscura, que no hable inglés, que lo hable con acento o que de plano hable español.

En la mira estarán entonces quienes viven aquí desde los tiempos previos a don Bringham Young; los que son morenos porque el sol de Arizona ha curtido la piel de sus familias por siglos; los que se apellidan López o Méndez porque descienden de los españoles que colonizaron estas tierras; y también los que andan por la calle con su gorra de los Suns o su playera de las Chivas, con papeles o sin ellos. Los que “se vean” latinos, estén en el país como sea que estén. Esta no sólo es una ley antiinmigrante; es una ley racista que pone a Arizona en una vergonzosa posición que no refleja los principios fundadores de este país.

De acuerdo con las normas legislativas, la SB1070 entrará en vigor 90 días después de que finalice la sesión legislativa en Arizona; esto podría ser en agosto. Las organizaciones de defensa legal ya preparan las demandas correspondientes para parar esta ley bajo el argumento de que ninguna ley estatal está por encima de la Constitución y las leyes federales –que prohíben la práctica del perfilamiento racial.

Pero mientras esto ocurre, los grupos activistas han llamado a realizar un boicot económico y turístico en contra del estado. La idea no es descabellada, ya que existe un precedente exitoso.

En 1983 se estableció a nivel nacional el 15 de enero como la fecha para recordar al líder de derechos civiles Martin Luther King; sin embargo el gobierno de Arizona se negó a firmar la ley que lo instituía como día feriado a nivel estatal. A principios de los años noventa el reverendo Jesse Jackson convocó a un boicot en contra del estado, el cual tuvo una gran acogida nacional. En 1991, gracias a presiones de sus jugadores afroamericanos, la NFL tomó la decisión de mover la sede del Super Bowl, que hasta ese momento se celebraba en Phoenix, y trasladarla a Pasadena, California. Un año después, Arizona firmó la ley.

En esta ocasión las organizaciones ya han llamado a la comunidad latina a iniciar el boicot. Los dirigentes han pedido que cese la asistencia a los partidos de los equipos deportivos del estado, jueguen donde jueguen, y a los artistas latinos que cancelen sus presentaciones en la entidad. Se ha pedido que la gente no utilice la línea aérea US Airways, con sede en Phoenix, y que los habitantes de Sonora eviten cruzar la frontera para realizar actividad comercial. Se ha pedido a las grandes empresas que cancelen sus convenciones o congresos en el estado, y a la población nacional que evite el consumo de productos agrícolas cultivados en Arizona. Los transportistas del Puerto de Los Ángeles, el más importante del país, acordaron negarse a llevar contenedores a ese estado.

Además del impacto económico, Arizona podría sentir en los próximos meses el golpe electoral. Se ha comprobado que medidas similares a la SB1070, como la 187 en California o la propia 200 en Arizona, han generado un debilitamiento de las bases republicanas que los demócratas han capitalizado a su favor, particularmente por lo que se refiere al voto latino. Y el estado va a elecciones el 2 de noviembre.

Las consecuencias del viaje en el tiempo en el que se ha embarcado Arizona se verán a corto plazo; en las cifras económicas, en el turismo y en las urnas. Y es muy probable que entonces el estado descubra que en materia de derechos civiles, ni se puede regresar el tiempo, ni se puede dar marcha atrás.

*Publicado en Migrantes, de El Universal.

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