Acción masiva para pedir asilo en EU

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María Peniche cuenta las horas. Instalada en un hotelito de San Diego, California, hace llamadas, da entrevistas, ayuda en los preparativos, pero nada disminuye la ansiedad: ya quiere que llegue el día, saber de ellos, verlos. María no puede ir a México, pero este lunes sus padres vendrán a la frontera, se presentarán en la garita con una solicitud de asilo político, y buscarán quedarse en Estados Unidos.

Este 10 de marzo un grupo de entre 150 y 200 personas, niños, jóvenes y padres de familia, intentarán hacer lo mismo que los papás de María: volver a Estados Unidos, el sitio en el que han pasado varios años de su vida -en algunos casos prácticamente la vida entera-, y que tuvieron que dejar para volver a México, su país de origen, debido a un proceso de deportación, a un problema familiar, o ante la falta de oportunidades en el país del norte. En todos los casos, la experiencia mexicana no ha sido buena; ahora anhelan volver al sitio que consideran su hogar.

La cita para “la acción”, como describen los organizadores este retorno masivo de migrantes, es en la garita conocida como Mesa de Otay en el lado mexicano (Tijuana), o como Otay Mesa en el lado estadounidense (San Diego), a las diez de la mañana. Hasta ahí llegarán las 157 personas confirmadas hasta ahora, más las que se sumen en las siguientes horas, para iniciar el cruce; la meta son 200. Este es el tercer evento de este tipo impulsado por el grupo activista Dreamactivist a través de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (The NIYA), parte del movimiento que bautizaron como Bring Them Home (tráiganlos de regreso a casa), y que inició en julio de 2013. Sigue leyendo

Legalización en veremos… y a pedacitos

Tener la ciudadanía completa o simplemente alejar el peligro de una deportación. Esta es la disyuntiva a la cual se enfrentan en Estados Unidos los indocumentados y los activistas que defienden su causa. En todo caso, la eventual aprobación de una ley en materia migratoria no ofrecería una reforma integral para otorgar la ciudadanía, sino una serie de medidas para dar estatus legal a ciertos sectores. Justo este tema tiene divididos a los posibles beneficiarios de la reforma.

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LOS ÁNGELES, CAL.- El pasado 28 de enero, durante su discurso sobre el “estado de la nación”, el presidente estadunidense Barack Obama pronunció una frase que provocó aplausos entre algunos de los presentes: “Es tiempo de arreglar nuestro inoperante sistema de inmigración”. Las palabras de Obama no son novedosas. Las ha pronunciado con cierta regularidad durante los últimos seis años –uno de campaña y cinco de gobierno–. Sin importar cuán bien intencionado sea, hasta el momento su gobierno arroja un saldo negativo en lo tocante a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país.Dos días después del discurso presidencial y a un año de presentada la iniciativa de Ley S744 –el proyecto del Senado que buscaba revivir una posible reforma migratoria y terminó en la congeladora de la Cámara de Representantes–, el líder republicano en la Cámara Baja, John Boehner, dio a conocer una serie de lineamientos que constituirían la base para una nueva propuesta legislativa a discutirse los meses venideros.

Entre los puntos a considerar resaltan, igual que en el proyecto aprobado por el Senado, la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera, el control de ingresos al país mediante un estricto sistema de visas y la aplicación de sanciones a quienes contraten a empleados indocumentados. Estas tres medidas se presentan como el eje indispensable para considerar cualquier tipo de ley encaminada a la regularización del estatus migratorio de la población sin documentos.

Sin embargo la postura republicana no establece un posible camino a la ciudadanía o a la residencia permanente para quienes pudieran ser beneficiarios de dicha regularización, salvo en el caso de los dreamers: jóvenes que llegaron al país cuando eran menores de 16 años y que cumplan además ciertos requisitos, como tener al menos cinco años de vivir ininterrumpidamente en el país, finalizar dos años de educación superior o servir dos años en las fuerzas armadas.

La iniciativa de ley que pudiera salir de estos principios durante los próximos meses revive la esperanza de lograr un acuerdo entre partidos para destrabar el debate sobre inmigración.
No obstante, está lejos de contener las características buscadas durante décadas por las organizaciones proinmigrantes.

La lucha por una reforma migratoria integral, con todo y una ruta a la ciudadanía para toda la población indocumentada, se encamina a ser sustituida por lo que en inglés se conoce como piecemeal: una serie de medidas para otorgar estatus legal a ciertos sectores –mano de obra calificada en áreas tecnológicas, trabajadores agrícolas, estudiantes– en condiciones no siempre favorables, dejando fuera a millones de personas que no pertenecen a un grupo de interés.

Cuestión de negociación

Ricardo Moreno tiene más de dos décadas trabajando con organizaciones proinmigrantes. En los últimos años, el vuelo que con más frecuencia ha tomado es el que lo lleva de Los Ángeles, donde vive, a Washing­ton, donde cabildea como representante de la Iglesia Presbiteriana en California.

Es en los pasillos de los edificios de gobierno federal donde está ahora el jaloneo: la visita a congresistas, uno por uno, por parte de los activistas más diestros en el lobby político para pedir la flexibilización de la postura de unos y la congruencia en la negociación por parte de los otros. El objetivo siempre es obtener la mejor ley posible, y en ocasiones la postura se endurece: si la ley no ofrece una legalización digna, incluyente, es mejor no tener nada.

“Lo que acabamos de ver es cómo los republicanos están haciendo una jugada maestra para dividir el movimiento”, comenta Moreno vía telefónica desde Washington.­ “Le sacan una rama de olivo a los dreamers ofreciéndoles acceso a la ciudadanía, pero ponen a los demás todas las dificultades para lograr su legalización. Los cambios que plantean en el sistema de inmigración harían el acceso a la ciudadanía aún más difícil de lo que establece el sistema actual”.

La negociación no es fácil. Una legislación que permita regularizar el estatus de la población indocumentada, aunque no otorgue a los beneficiarios la posibilidad de convertirse en residentes permanentes o en ciudadanos estadunidenses, se considera poco justa e incluso punitiva en cuanto no otorgue derechos plenos a individuos que en ocasiones llevan una o dos décadas contribuyendo con el país, siendo parte de él.

Sin embargo la realidad en las calles es otra: se le puede preguntar a una persona sin documentos (sin la posibilidad de conducir un auto, sin permiso de trabajo, sin poder salir del país para visitar a su familia) si aceptaría una ley que le diera todo eso, aunque no lo hiciera ciudadano, y la mayoría la aceptaría encantada.

En diciembre pasado el think tank Pew Research Center dio a conocer los resultados de una encuesta entre latinos y asiáticos que viven en Estados Unidos, a quienes se les preguntó qué consideran más importante para la población indocumentada, si vivir en el país sin correr el riesgo de deportación o tener un camino a la ciudadanía. El 55% de los latinos y 49% de los asiáticos respondieron que es más relevante vivir sin el miedo a ser deportados, contra 35% de latinos y 44% de asiáticos que consideraron más importante contar con la opción de volverse ciudadanos.

Latinos y asiáticos forman dos tercios de los inmigrantes que viven en el país de manera legal; 28 millones de votantes entre ambos grupos. Entre los dos, el voto de la elección presidencial en 2012 fue para Barack Obama en más de 70%. Respecto a los inmigrantes indocumentados, los latinos por sí mismos constituyen tres cuartas partes de los 11.7 millones que Pew Research Center maneja como cifra oficial.

“Yo he hecho en las iglesias grupos de enfoque con indocumentados y esa es la respuesta. Son los inmigrantes quienes hacen los sacrificios, vienen a esta tierra atravesando varias fronteras, expuestos a peligros, pagándole a un coyote por ir a un futuro incierto, tienen 10 o 20 años en las sombras, explotados, y la mayoría te dice: ‘Sí, lo aceptaría’. La pregunta es si estaríamos dispuestos a que conservaran ese estatus para siempre”, dice Moreno.

En caso de que los principios anunciados por los republicanos –y que, más allá de las observaciones de activistas sobre la falta de un camino a la ciudadanía, se interpretan como una buena señal en general– se conviertan en iniciativa de ley, aún falta ver cómo transcurrirán la negociaciones, primero dentro del Partido Republicano, con el ala más dura que considera inaceptable cualquier tipo de legalización de la población indocumentada; y después con el Partido Demócrata, en cuya cancha estará el balón para suavizar la ley en sus partes más rígidas cuando ésta llegue al Senado, controlado por dicho partido.

Para Moreno, la estrategia republicana buscará dividir a la base liberal latina sobre el tema específico de la ciudadanía y, al mismo tiempo, mantener bajo control a la base conservadora y más recalcitrante de su partido. Teniendo en cuenta que las elecciones primarias republicanas serán en la primavera de este año –y algunos legisladores tratarán de mantener una línea dura para no ser desplazados por sus oponentes en la reelección–, es posible que el margen de maniobra, tanto para el ala liberal de ese partido como para los demócratas, llegue después del receso legislativo de verano, cuando las candidaturas ya no estén en juego.

Asunto urgente

El 10 de enero de 2012, a unos días de la toma de protesta de Obama para su segundo periodo de gobierno, Ericka Andiola, conocida y pujante activista dreamer de Arizona, recibió la noticia que todos esos jóvenes saben que puede llegar, pero esperan jamás oír: agentes de inmigración arrestaron a su madre, María Arreola, y a su hermano, Heriberto Andiola.

Inmediatamente Erika subió a las redes sociales un video para explicar el caso de su familia y pedir a la comunidad que hiciera llamadas y enviara cartas a las autoridades de inmigración para detener su deportación. Erika es una dirigente de alto perfil, de manera que la mañana siguiente las reacciones se encontraban en todos lados: decenas de organizaciones ya habían manifestado su apoyo y reunido firmas para pedir la liberación de los Andiola bajo la prerrogativa de discreción que tienen las autoridades de inmigración.

Unas horas más tarde Erika daba a conocer que su madre y su hermano habían sido liberados. Según la información publicada por la joven en su página de Facebook, el autobús que lleva a los detenidos en proceso de deportación a la frontera con Tijuana ya iba en camino cuando el chofer recibió una llamada con la orden de detenerse.
La joven agradeció a quienes se movilizaron y reconoció que su familia estaba libre por la influencia de la red de activistas dreamers, pero también preguntó: “¿Qué pasó con las otras personas que iban en el autobús, con sus hijos, con sus familias?”.

“Para nosotros, dentro del movimiento, el dolor de la separación familiar es demasiado. Existe una urgencia tal en la comunidad, que nos pone en una situación muy difícil estar entre la espada y la pared con el tema de la ciudadanía completa”, dice Erika Andiola.

Explica la postura que lleva varias semanas compartiendo en redes sociales: por supuesto que todas las familias indocumentadas desearían una ley que les diera acceso a los beneficios de una ciudadanía completa en el país donde viven, pero la realidad es que pasan los años, los activistas mantienen una postura firme, inundan los corredores de los edificios de Washington y no se obtiene nada.

“Yo tengo cinco años en esto, pero conozco a gente que tiene más de una década y siempre es el mismo círculo vicioso. Pedir la reforma migratoria integral es algo tan amplio, tan abarcador, que se usa como juego político entre los dos partidos”, expone.

Y reflexiona: “Si en este momento resolviéramos lo más urgente, que es detener las deportaciones, que haya un alivio para saber que las familias no serán separadas, tendríamos todo el tiempo para negociar una reforma amplia; pero la realidad es que no podemos esperar. No tenemos esperanzas sobre una reforma integral; si se puede hacer un paquete, adelante, pero si se puede hacer por pedacitos, si los republicanos quieren ir paso a paso, está bien. El punto es que por el momento no hay nada en la mesa; cuando haya una legislación concreta, podremos discutirla”.

Dados los tiempos legislativos en un año de elecciones en el Congreso, todo indica que el tema de la reforma avanzará lento.

Con el Partido Demócrata sin esperanza de recuperar la Cámara Baja y tratando de defender su mayoría en el Senado, muy probablemente el cierre de 2014 deje como saldo un Congreso en el que se conserve la división de poder entre las cámaras y en el que las legislaciones controversiales, como la relativa al tema de inmigración, sigan siendo moneda de cambio entre partidos.

Sin embargo el costo de la inacción puede salirle más caro a los republicanos: la misma encuesta de Pew Research Center indica que si la iniciativa de reforma migratoria integral no prospera, 43% de los latinos y 48% de los asiáticos harían responsable a ese partido, en comparación con 34% de los latinos y sólo 29% de los asiáticos que considerarían responsables a los demócratas o a Obama.

De aquí y de allá: El derecho a lo mejor de dos mundos

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Los últimos nueve años de mi vida están marcados por una frontera. La línea imaginaria que empieza en el Océano Pacífico, entre las ciudades de Tijuana, en México, y San Diego, en Estados Unidos, se extiende por más de tres mil kilómetros hacia el Este, según loestablecido en un tratado leonino firmado hace casi dos siglos entre los dos países (bueno, en realidad entre fulanos que pretendían representar a los dos países), y llega al punto en el que el Río Grande desemboca en el Golfo de México separando a la ciudad de Brownsville, en Texas, de la mexicana Matamoros.

Por momentos agua, en otros montaña, en algunos tramos desierto y en muchos un muro de acero con alambre de púas, que de tan absurdo ofende, la frontera es una larga cicatriz mancillando tierras, bosques y comunidades hermanas que en la práctica nunca han estado divididas. Uno se puede parar en un punto cualquiera y mirar hacia los dos lados: el agua no cambia de color, la tierra seca suelta el mismo polvo, el viento sopla de un lado al otro, se cuela por las rejas y regresa. Mientras más avanza uno, la línea imaginaria se va convirtiendo en un sinsentido mayor.

Como es sabido, por la frontera entre México y Estados Unidos transitan las esperanzas de cientos de miles de indocumentados que cruzan cada año de manera ilegal, y también las de 350 millones de personas que cruzan legalmente. Sea de una manera o de otra, esta línea tiene el poder de colocar sobre quien la atraviesa etiquetas que en el caso de México, mi país, se vuelven marcas que deconstruyen y reconfiguran la identidad. Dime cómo, por qué, hace cuánto tiempo, por dónde y en qué dirección cruzaste la línea, y te diré quién eres.

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Nueve Dreamers desafían al sistema migratorio de EEUU

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El miércoles 7 de agosto, tras 17 días de permanecer en prisión, nueve jóvenes indocumentados lograron lo que durante décadas congresistas, abogados y organizaciones activistas estadunidenses han intentado: utilizar las leyes de inmigración de ese país para solucionar la situación de quienes han sido deportados o han tenido que abandonar su vida en Estados Unidos para volver a sus países de origen.

Los jóvenes mexicanos iniciaron el martes 22 de julio la acción de desobediencia civil más radical que ha realizado el movimiento Dreamer. Caminando desde el lado mexicano hacia la garita que conecta las ciudades de Nogales, Sonora, y su homónima en Arizona, Lizbeth Mateo, Lulu Martínez, María Peniche, Adriana Gil, Claudia Amaro, Marco Saavedra, Mario Gómez, Luis León y Ceferino Santiago hicieron saber a quienes se encontraban en el lugar, incluidos los oficiales de inmigración, que eran indocumentados, que no sentían vergüenza de serlo, y que tras haber regresado a México por diversas razones —algunos semanas atrás, otros hace años; algunos debido a una deportación, otros por motivos personales— deseaban regresar al país que los vio crecer y que consideran suyo. Sigue leyendo

¡Llegó DREAMERS!

Queridos amigos:

Este mayo finalmente salió a la venta Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano.

Este es un libro construido a través de las voces y el espíritu de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo pequeños, y que ante la falta de voluntad política para resolver su situación desde la legislación, decidieron tomar en sus manos la lucha por su sueño americano.

Las nueve crónicas que conforman este libro tienen por objetivo pasar de lo político a lo personal; demostrar que más allá de la burocracia legislativa o el derecho migratorio, el tema de los jóvenes indocumentados, los Dreamers, es un asunto de derechos humanos. Un acercamiento al tema de la ciudadanía como el ejercicio vivo de derechos, obligaciones, y la ocupación del espacio en el que se habita más allá de lo establecido en un papel.

El año 2013, con la posibilidad de aprobación de una reforma migratoria que resuelva la situación de once millones de indocumentados en Estados Unidos, marca el momento oportuno para empezar a comprender a esta comunidad que busca su inclusión legítima en la sociedad, desde su base mas noble, que son sus niños y sus jóvenes. Durante los últimos años estos chicos dieron a este país y al mundo una lección de organización y estrategia, de valentía y sensibilidad, que debe servir como motor al movimiento de inmigración por venir.

Algunas de esas historias están contenidas en este libro. Mi mayor deseo es que cada persona que lo lea descubra que estos chicos somos nosotros. Que las sociedades se construyen con base en la solidaridad y la comprensión de la realidad del otro. Los jóvenes que hoy luchan en Estados Unidos por una reivindicación de sus derechos, tendrían que haber estado en las aulas escolares de México, de El Salvador, de Guatemala, de India o de Irán. La situación de vida de sus familias los arrojó a la realidad que ahora viven, y lo menos que les debemos, de un lado o del otro de la frontera, es una mirada comprensiva y solidaria. Porque no existe una mejor manera de construir una política migratoria apegada a la realidad, que viéndola a través de quienes luchan por su sueño.

Muchas gracias por su apoyo.

Eileen Truax.

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Dreamers se presentará este sábado 18 de mayo a las 6:00 pm en la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LéaLA)
Centro de Convenciones de Los Ángeles, Salón Sor Juana Inés de la Cruz.
www.dreamersellibro.com

Solidarios soñadores

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La iniciativa de reforma migratoria dada a conocer esta semana por la llamada “pandilla de los ocho”, el grupo bipartidista de senadores que ha dado el banderazo de salida a la que podría ser la última batalla por conseguir la regularización del estatus migratorio de once millones de indocumentados, ha generado, como era de esperarse, una serie de reacciones a favor y en contra por parte de organizaciones activistas, politólogos y otros individuos y grupos de interés.

Entre las críticas a la iniciativa figuran el periodo de trece años que tendrían que esperar los solicitantes para poder acceder a la ciudadanía; la fecha límite de ingreso para haber entrado a Estados Unidos, el 31 de diciembre de 2011, que dejaría en situación indocumentada a quienes entraron durante 2012 y 2013; o el uso del sistema de verificación laboral E-Verify. Sin embargo, y a diferencia de la iniciativa que fracasó en 2007, esta propuesta contiene también algunos puntos favorables, como el hecho de que quienes solicitan la regularización de su estatus no están obligados a salir del país y presentar la solicitud desde su país de origen; o las opciones con las que contarán algunas personas deportadas que no hayan cometido delitos graves para volver al país; o la excepción para ciertos grupos de inmigrantes que podrán solicitar la ciudadanía a los cinco años de haber regularizado su estatus.

Entre estos últimos, se encuentran los Dreamers, jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad, traídos por sus padres, y que en la mayoría de los casos no conocen otro país que Estados Unidos, no hablan otro idioma que el inglés, y tras pasar prácticamente toda su vida en la que consideran su nación, no tienen opciones para recibir educación superior a un costo razonable, para solicitar un empleo, conducir un auto o viajar. Sigue leyendo

¿Por qué no usamos la palabra “ilegal”?

Este martes 2 de abril la agencia informativa Associated Press hizo un anuncio que, aunque a simple vista podría parecer menor, es un avance histórico para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

En un comunicado, la vicepresidente y editora ejecutiva de AP, Kathleen Carroll, informó a través del blog de la organización que “el manual de estilo [de la agencia] no utilizará más el término ‘inmigrante ilegal’ o la palabra ‘ilegal’ para describir a una persona. En lugar de ello, señala a los usuarios que ‘ilegal’ sólo debe describir una acción, como vivir o inmigrar a un país ilegalmente”.

Entre las razones para realizar el cambio, la directiva hace alusión a la amplia discusión generada hace algunas semanas a partir de la publicación de la nueva versión del manual de estilo de AP, que establecía el uso del término “inmigrante ilegal”. Las reacciones por parte de las organizaciones de periodistas hispanos y de grupos activistas proinmigrantes en todo el país fueron numerosas y muchas de ellas apuntaban a sustituir el uso de “ilegal” por “indocumentado”, pero la agencia no cambió su postura entonces. Sin embargo, explica el texto de Carroll, cuando al hacer la revisión de otros apartados en el manual, como la sección de salud mental, se buscó eliminar etiquetas –por ejemplo, sustituir “esquizofrénico” por “diagnosticado con esquizofrenia”–, la discusión regresó al término “ilegal”.

“Concluimos que para ser consistentes, necesitábamos realizar ajustes; y así lo hicimos”.

El manual no acepta la sustitución de “inmigrante ilegal” por el término “indocumentado”, y en cambio sugiere hacer mención al hecho de que la persona entró o se encuentra en el país en violación a la ley, de manera ilegal, o sin permiso legal. El término en inglés “illegal alien”, utilizado principalmente por organizaciones de ideología antiinmigrante, también queda eliminado del documento salvo en los casos en que sea atribuido en una cita textual.

Aunque el debate renació a partir del caso AP, la lucha por eliminar el uso de la palabra “ilegal” al referirse a seres humanos dista mucho de ser nueva. Desde la década de los ochenta, organizaciones activistas en Estados Unidos han buscado que los medios de comunicación detengan el uso del adjetivo al hablar de inmigrantes, y recientemente la organización Colorlines lanzó una campaña para concientizar al público tanto de habla hispana como de habla inglesa sobre el efecto que tiene esta palabra en la vida de las personas.

Un estudio realizado por el Center for American Progress sobre el impacto de las políticas migratorias en los niños, sus familias y las comunidades, evaluó la influencia de los medios de comunicación en inglés en el desarrollo de los menores que viven en Estados Unidos. Los resultados mostraron que los niños asocian a la policía con la inmigración, que el concepto de ser inmigrante tiene una connotación triste para ellos, y que en algunos hay una noción de que ser inmigrante equivale a ser ilegal.

Es preciso recordar que muchas personas con estatus migratorio irregular en Estados Unidos han sido traídos al país en contra de su voluntad debido a redes de explotación laboral o sexual, o han venido huyendo de situaciones que ponen su vida en riesgo, sea por sus creencias políticas, religiosas u orientación sexual. Muchos provienen de países afectados por desastres naturales. Otros simplemente fueron expulsados por políticas económicas de sus países. Y está desde luego el caso de los Dreamers, los jóvenes que llegaron al país de manera irregular debido a una decisión tomada por sus padres. En todos estos casos, los inmigrantes en Estados Unidos están obligados a esperar años para que sus casos sean procesados, incluso cuando son elegibles para regularizar su situación. Algunos viven en un limbo esperando a comparecer ante un juez para determinar su situación jurídica. Utilizar la palabra “ilegal” es emitir un juicio sobre ellos violando su derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso.

La palabra “ilegal” aplicada a una persona promueve la violencia y la discriminación y deshumaniza a quien es adjetivado con ella. Su uso influye en la actitud que la sociedad tiene hacia los migrantes, no solamente en Estados Unidos, sino en los países expulsores. Medios de comunicación en países latinoamericanos como México suelen incluirla también en sus reportes, convirtiendo a sus propios migrantes en ciudadanos de segunda categoría sin importar cuál sea su estatus migratorio.

La decisión anunciada por la agencia AP es un parteaguas en la historia de los medios estadounidenses, y es posible que en las próximas semanas veamos a algunos otros sumarse a estos criterios. Ojalá en los países de origen de nuestros migrantes también se trabaje por eliminar las etiquetas; que exista la sensibilidad para reconocer que, sin importar su origen o su situación jurídica, ningún ser humano es ilegal.

Se puede encontrar más información sobre la campaña “Drope the I Word” en http://colorlines.com/droptheiword/

Publicado en HoyDallas.com.

Defina “criminal”


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“La política migratoria debe ser generosa; debe ser justa; debe ser flexible. Con una política de este tipo, podremos voltear a ver al mundo, y a nuestro propio pasado, con las manos y la conciencia limpias”.

–John F. Kennedy. Una nación de inmigrantes, 1958

La última semana de enero de este año será recordada como aquella en la cual la maquinaria de la reforma migratoria en Estados Unidos se volvió a echar a andar. Primero fue el anuncio realizado por un grupo bipartidista de ocho senadores sobre la introducción de una nueva propuesta de ley de inmigración, y después, este martes, el discurso del presidente Barack Obama sobre el mismo asunto.

Ambas cosas son sin duda buenas noticias tras los años de impasse en el tema. Existe incluso un cambio en el discurso en términos de reconocer la contribución de la comunidad inmigrante al país y hay aspectos que representan una mejora considerable con respecto a iniciativas anteriores, como la eliminación del requisito de que quienes soliciten la regularización de su estado migratorio deban regresar a su país de origen a realizar el trámite, que formaba parte del debate en 2007. El hecho de que haya un acuerdo inicial entre ambos partidos también ha hecho que las esperanzas vuelvan a elevarse y que se atisbe un buen escenario para que el 2013 sea el año de la reforma.

Sin embargo hay una serie de elementos que desde ahora están encendiendo algunos focos rojos entre las organizaciones activistas. Con el fin de lograr una propuesta consensuada, los legisladores demócratas han tenido que respaldar la inclusión en la iniciativa de algunos puntos no negociables de la agenda republicana. Uno de ellos es el establecer un “periodo de prueba” que aún es indefinido, pero que aparentemente podría ser de hasta cinco años o más, para que los solicitantes tengan derecho después a una residencia permanente. La extensión de este periodo, así como la aplicación de otras medidas, dependerían del estatus de la seguridad en la frontera sur, que tendría que ser evaluada satisfactoriamente bajo los criterios del Partido Republicano a fin de asegurar que una nueva oleada de ingresos ilegales no vuelva a disparar la cifra de indocumentados en el país. Sigue leyendo