En abril de 2010 trabajaba como reportera del diario angelino La Opinión, cuando me tocó cubrir una asignación cuyo recuerdo conservo hasta ahora. Era una conferencia de prensa frente a la catedral de Los Ángeles, en la que un grupo de víctimas de pederastia por parte de sacerdotes católicos anunciaba una demanda en contra de los cardenales Norberto Rivera de México, y Roger Mahony de Los Ángeles, por encubrir a Nicolás Aguilar, el cura que en aquel momento se encontraba en México y llevaba encima cerca de 60 acusaciones de abuso sexual en los dos países. Aguilar tenía una orden de extradición, pero con la intercesión de Rivera, al gobierno mexicano no se le dio la gana detenerlo. Esta demanda era la tercera en contra de Rivera en Estados Unidos; las dos anteriores no prosperaron, pero los acusadores veían en ésta una posibilidad de lograr justicia porque se había planteado utilizando una ley internacional que permite que las cortes estadounidenses tomen casos que involucran a ciudadanos mexicanos.
Desde luego no era la primera vez que se hablaba de pederastia en la Iglesia Católica. Durante años, integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP) han presentado evidencia y testimonios sobre los centenares de casos de niños violados por sacerdotes en varios países, sin que llegue el castigo para los perpetradores, ni la justicia para las víctimas. Entre estas últimas, se encuentran hombres que hoy tienen cincuenta, sesenta años, y que toda su vida han cargado con las secuelas del abuso físico y psicológico del que fueron víctimas, incluidos los 200 hombres sordos que siendo niños en una escuela especial en Wisconsin fueron abusados repetidamente por un sacerdote al que nunca se castigó.
Por décadas, las autoridades de la Iglesia Católica supieron de estos casos y encubrieron a los responsables. En la mayoría de las ocasiones se recurrió a la intimidación y la descalificación de las víctimas, y en otras, cuando el escándalo se asomaba, algún jerarca optaba por transferir al victimario a otra sede, en donde repetía el patrón de abuso y violación, tal como pasó con Nicolás Aguilar. Aunque en los últimos años el asunto se ha vuelto más público, ninguno de esos sacerdotes ha sido llevado a prisión y las autoridades encubridoras no han recibido el juicio que merecen.
Y entre esas autoridades se encuentra el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Sigue leyendo








