Legalización en veremos… y a pedacitos

Tener la ciudadanía completa o simplemente alejar el peligro de una deportación. Esta es la disyuntiva a la cual se enfrentan en Estados Unidos los indocumentados y los activistas que defienden su causa. En todo caso, la eventual aprobación de una ley en materia migratoria no ofrecería una reforma integral para otorgar la ciudadanía, sino una serie de medidas para dar estatus legal a ciertos sectores. Justo este tema tiene divididos a los posibles beneficiarios de la reforma.

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LOS ÁNGELES, CAL.- El pasado 28 de enero, durante su discurso sobre el “estado de la nación”, el presidente estadunidense Barack Obama pronunció una frase que provocó aplausos entre algunos de los presentes: “Es tiempo de arreglar nuestro inoperante sistema de inmigración”. Las palabras de Obama no son novedosas. Las ha pronunciado con cierta regularidad durante los últimos seis años –uno de campaña y cinco de gobierno–. Sin importar cuán bien intencionado sea, hasta el momento su gobierno arroja un saldo negativo en lo tocante a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país.Dos días después del discurso presidencial y a un año de presentada la iniciativa de Ley S744 –el proyecto del Senado que buscaba revivir una posible reforma migratoria y terminó en la congeladora de la Cámara de Representantes–, el líder republicano en la Cámara Baja, John Boehner, dio a conocer una serie de lineamientos que constituirían la base para una nueva propuesta legislativa a discutirse los meses venideros.

Entre los puntos a considerar resaltan, igual que en el proyecto aprobado por el Senado, la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera, el control de ingresos al país mediante un estricto sistema de visas y la aplicación de sanciones a quienes contraten a empleados indocumentados. Estas tres medidas se presentan como el eje indispensable para considerar cualquier tipo de ley encaminada a la regularización del estatus migratorio de la población sin documentos.

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Víctimas de violencia esperan asilo tras las rejas

 

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“Buenas tardes. Soy Delmy y le estoy hablando del Centro de Detención”. La voz al otro lado de la línea suena débil. Puede ser porque Delmy, junto con otras nueve mujeres que esperan detenidas en el mismo sitio, lleva tres días en huelga de hambre. Puede ser también porque después de casi seis meses, la angustia empieza a ganar terreno. “Estoy desesperada. A veces siento que ya no puedo más”, dice con la voz quebrada.

Delmy Calderón, de 42 años, es parte de los 800 detenidos para los cuales tiene cupo el Centro de Detención de El Paso, Texas –la cifra es flotante; en septiembre de 2013, por ejemplo, había 785 detenidos–. Al lugar se le conoce oficialmente  como “centro de procesamiento”: el sitio en el que indocumentados que han sido arrestados por agentes de inmigración, o se han entregado voluntariamente en territorio estadunidense o en alguna de las garitas de ingreso al país pidiendo una visa humanitaria o asilo político, esperan la resolución de un juez para quedar en libertad o para ser deportados a sus países de origen. La mayoría proviene de México, pero es común encontrar personas de países centroamericanos, e incluso de China, India o Australia.

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‘Cuando camino estas calles me voy fijando, a ver si la miro”

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Tomasa Gómez tiene el gesto adusto. Ve con recelo alrededor, asegura su bolso sobre el hombro, observa. Cuando uno se acerca sonríe, pero la sonrisa es apenas una mueca que los ojos, tristes, vacíos, contradicen.

Tomasa salió de Vallecillo, Honduras, hace más de ocho días. Viene en la Caravana de Madres Centroamericanas: 48 mujeres que por novena ocasión recorren la misma ruta siguiendo los pasos de sus hijos en su intento por llegar a Estados Unidos; hijos de los que no saben nada desde hace años.

Esta novena caravana, encabezada por la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, inició el 2 de diciembre en Tabasco, aunque las madres salieron de Honduras, Nicaragua, Guatemala, varios días antes. Como en ocasiones anteriores, su objetivo es encontrar una pista que lleve al paradero del hijo o la hija que se reportó desde México por última vez: México, el país desde el cual se escuchan tantas cosas aterradoras, el que en los últimos años les ha ocasionado tanto dolor.

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Treinta Dreamers de vuelta a casa

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Son las seis de la tarde del sábado 28 de septiembre y Nuevo Laredo, Tamaulipas, está medio muerto. No se ve el movimiento de fin de semana en una ciudad cualquiera, pero eso es porque Nuevo Laredo ha transitado por tiempos marcados por la violencia. Hay apenas algunos negocios abiertos, la mayoría de comida, entre las calles que, entre más alejadas del centro, más áridas y polvorientas se ven.

En una de estas calles, entre los montones de tierra que ha dejado una reparación inconclusa, se encuentra la Casa del Migrante Nazareth, un albergue de la red de los misioneros Scalabrinianos que todos los días recibe migrantes deportados de Estados Unidos, o a aquellos que apenas van en camino. y requieren de un sitio en donde descansar antes del cruce tras días de camino, desde otros estados de México o de algunos países centroamericanos. La casa tiene cupo para 140 personas; este fin de semana, el último de septiembre, 30 de ellas son Dreamers.

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Migrantes que no hablan inglés… ni español

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A Manuel Jamines le disparó un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) el 5 de septiembre de 2010 frente al parque MacArthur. De acuerdo con testimonios del policía y sus compañeros, la razón para disparar fue una amenaza a su seguridad luego de haber ordenado a Jamines, quien presuntamente portaba un cuchillo, que se detuviera y pusiera las manos en alto. La orden le fue dada varias veces en inglés y en español.

Jamines, migrante indígena guatemalteco, no entendía ninguno de los dos idiomas. Sólo hablaba quiché. Recibió un disparo en la cabeza, otro en el cuerpo. Murió en el lugar.

El caso provocó protestas y denuncias de abuso policiaco por parte de activistas de la comunidad latina en esta ciudad –algunos de ellos alegaban que Jamines no iba armado–, pero también lanzó los reflectores sobre un asunto que por varios años ha preocupado a las organizaciones de migrantes indígenas en California: al tiempo que se busca integrar a la sociedad estadunidense a quienes llegan a este país sin dominar el inglés, es preciso informar y educar a las autoridades y servidores públicos que tienen a su cargo parte de esta integración para que el resultado sea un éxito, o por lo menos no acabe en tragedia.

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Ni nos ven, ni nos oyen

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El rostro de Estados Unidos está en constante cambio. Según cifras de 2012 del Censo de ese país, cuatro de cada diez personas que viven en él no son de raza blanca; dos de cada diez son latinos, y los otros dos son afroamericanos, asiáticos o de algún otro origen racial. De los 313 millones de personas viviendo en la unión americana, 40 nacieron fuera de Estados Unidos. Más de la mitad de la población, 50.8%, son mujeres.

Esta diversidad se ve reflejada en varios ámbitos cada vez en mayor medida, especialmente en aquel que tiene que ver con el dinero. Las grandes empresas bancarias, como Wells Fargo o Bank of América; los emporios nacionales como Disney o trasnacionales como Toyota; las industrias de comunicación, de servicios, turísticas o de venta directa de productos, han desarrollado departamentos de mercadotecnia diseñados para las audiencias que tienen como idioma principal uno diferente al inglés, que conservan los referentes de sus países de origen, y o que simplemente desean ser atendidos –y cortejados– sin ignorar su identidad. Incluso algunos nombres “importantes” en medios de comunicación, como las televisoras Fox, ESPN o NBC, han invertido en espacios dirigidos a las audiencias de habla hispana, y proyectos icónicos como Huffington Post han creado versiones alternas para audiencias latinas, afroamericanas, y de diversidad religiosa y sexual.

Lamentablemente el cambio demográfico registrado durante las dos últimas décadas “pasó de noche” para el equipo a cargo de un estudio publicado hace unos días por el Centro Joan Shorenstein de Prensa, Política y Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de Harvard. El documento, titulado Riptide: What Really Happened to the News Business, fue producido por John Huey, Martin Nisenholtz y Paul Sagan, miembros del Centro Shorenstein y fue difundido por la Fundación Neiman.

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De aquí y de allá: El derecho a lo mejor de dos mundos

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Los últimos nueve años de mi vida están marcados por una frontera. La línea imaginaria que empieza en el Océano Pacífico, entre las ciudades de Tijuana, en México, y San Diego, en Estados Unidos, se extiende por más de tres mil kilómetros hacia el Este, según loestablecido en un tratado leonino firmado hace casi dos siglos entre los dos países (bueno, en realidad entre fulanos que pretendían representar a los dos países), y llega al punto en el que el Río Grande desemboca en el Golfo de México separando a la ciudad de Brownsville, en Texas, de la mexicana Matamoros.

Por momentos agua, en otros montaña, en algunos tramos desierto y en muchos un muro de acero con alambre de púas, que de tan absurdo ofende, la frontera es una larga cicatriz mancillando tierras, bosques y comunidades hermanas que en la práctica nunca han estado divididas. Uno se puede parar en un punto cualquiera y mirar hacia los dos lados: el agua no cambia de color, la tierra seca suelta el mismo polvo, el viento sopla de un lado al otro, se cuela por las rejas y regresa. Mientras más avanza uno, la línea imaginaria se va convirtiendo en un sinsentido mayor.

Como es sabido, por la frontera entre México y Estados Unidos transitan las esperanzas de cientos de miles de indocumentados que cruzan cada año de manera ilegal, y también las de 350 millones de personas que cruzan legalmente. Sea de una manera o de otra, esta línea tiene el poder de colocar sobre quien la atraviesa etiquetas que en el caso de México, mi país, se vuelven marcas que deconstruyen y reconfiguran la identidad. Dime cómo, por qué, hace cuánto tiempo, por dónde y en qué dirección cruzaste la línea, y te diré quién eres.

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Nueve Dreamers desafían al sistema migratorio de EEUU

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El miércoles 7 de agosto, tras 17 días de permanecer en prisión, nueve jóvenes indocumentados lograron lo que durante décadas congresistas, abogados y organizaciones activistas estadunidenses han intentado: utilizar las leyes de inmigración de ese país para solucionar la situación de quienes han sido deportados o han tenido que abandonar su vida en Estados Unidos para volver a sus países de origen.

Los jóvenes mexicanos iniciaron el martes 22 de julio la acción de desobediencia civil más radical que ha realizado el movimiento Dreamer. Caminando desde el lado mexicano hacia la garita que conecta las ciudades de Nogales, Sonora, y su homónima en Arizona, Lizbeth Mateo, Lulu Martínez, María Peniche, Adriana Gil, Claudia Amaro, Marco Saavedra, Mario Gómez, Luis León y Ceferino Santiago hicieron saber a quienes se encontraban en el lugar, incluidos los oficiales de inmigración, que eran indocumentados, que no sentían vergüenza de serlo, y que tras haber regresado a México por diversas razones —algunos semanas atrás, otros hace años; algunos debido a una deportación, otros por motivos personales— deseaban regresar al país que los vio crecer y que consideran suyo. Sigue leyendo